Ña Pancha Bolívar

La actual cúpula que gobierna el Ministerio Público –con la Fiscal de la Nación Adelaida Bolívar a la cabeza- ha movilizado en los últimos días lo más pesado de su artillería contra Luz Loayza, la magistrada que dispuso la detención definitiva del narcotraficante Fernando Zevallos.
La movida “bolivariana” venía tratando de proyectar la imagen de que detrás de todo no existía sino la rebeldía injustificada de una fiscal a obedecer el mandato jurisdiccional que ordena su retorno a su despacho de Maynas.
Esta vez, sin embargo, la maniobra ha escalado. Ya no sólo se trata de la supuesta desobediencia sino de enlodar la conducta profesional de Luz Loayza en el caso Zevallos-Aerocontinente.
Y para ello, las “adelitas” no sólo asisten a sesiones parlamentarias reservadas –que hasta ahora no le conceden a la fiscal bajo fuego- sino reparten también como volantes documentos que brincan, hasta algunas páginas periodísticas, como inesperados conejos de sombrero de mago, y distribuyen elaboradas presentaciones informáticas para echar sombras sobre quien también ha denunciado, con todas sus letras, las presuntas andanzas nada santas de doña Bolívar.
La envergadura del revuelo no cabe en el argumento de un castigo ejemplar en el marco de las jerarquías del sector; tampoco en la hipótesis de una mera revancha y celo por trayectorias personales.
En realidad, lo verdaderamente sustantivo detrás de todo este fuego cruzado es cuánto más y quiénes más pueden salir a flote en el caso Zevallos. Porque mucho más y muchos más hay debajo de las alas de esta narco historia.
De lo que se trataría, en suma, es que no hayan más ejemplos como el de Loayza en las investigaciones por venir.
En el camino, las señales claras de amenazas contra la vida de la fiscal Loayza siguen asomando y, acaso, esperando su turno en Maynas.
Así se lo ha comunicado el Ministerio del Interior al séquito de fiscales “bolivarianos”. Así lo han entendido el Presidente, el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo, entre otras autoridades.
Así no lo quiere entender, ahora, la junta de fiscales supremos que, sin embargo, en noviembre de 2006, contra la opinión de su jefa, accedió a la apelación de Loayza para su traslado a Lima mediante la resolución Nº 054-2006-MP-FN-JFS. ¿Por qué ayer sí y hoy no?
¿Qué extraña espuma ha invadido el Ministerio Público? Quizás la misma que le hace decir a Bolívar que no ve nada malo en que una fiscal se desplace en el vehículo de una investigada por narcotráfico porque en su sector no hay recursos para movilidad.
Demasiado pancha la doña.