Ruta equivocada
El gobierno está cometiendo errores políticos gruesos en cuestiones que merecen más cabeza fría pero sobre todo mayor reflexión y análisis.
Está colaborando ingenuamente a elevar el volumen de un ruido político que parecía desterrado desde el pasado 28 de julio. Y en un año para el que hay estupendos pronósticos económicos.
Que el fujimorismo autoritario y la derecha huevera armen la alharaca de siempre con los argumentos falaces y febles de siempre, no sorprende.
Pero que dirigentes y líderes con experiencia política y millaje en la recuperación democrática comiencen a hacer suyo ese guión de las cavernas, provoca perplejidad.
Una explicación probable para el discurso anti Corte Interamericana de DD.HH. y pro pena de muerte es que eso es lo que quiere la gente.
La idea viene resumida en la frase de lamento lanzada luego de que no prosperara el proyecto para legislar la aplicación de la pena capital para terroristas: “El Congreso le ha dado la espalda al pueblo”.
O sea que ahora las emociones y sentimientos colectivos se convierten en razones de Estado. No pues. Y claro, asoma la idea de someter a referéndum asunto tan grave aun cuando la Constitución no lo permite.
Pero admitamos por un momento lógica y ánimo tan plebiscitarios. Vayamos entonces también a un referéndum sobre el TLC con EE.UU. que sí provocaría impactos inmediatos sobre miles si no millones de peruanos. ¿Qué tal?
Y sobre lo ocurrido en el penal Castro Castro entre 6 y el 9 de mayo de 1992 ¿Eran o no eran seres humanos los terroristas ahí presos? Claro que sí. Aunque delincuentes, seres humanos a los que el Estado también debía garantizarles el derecho a la vida. Como a todos.
Según la Corte más de 40 presos fueron asesinados después de entregarse. Y esta es la cuestión medular que motiva su sentencia.
Por supuesto que contiene extremos cuestionables por el lado de las reparaciones.
La defensa del Estado en el gobierno anterior bien pudo haber solicitado a la Corte que no aplicara el concepto del “resarcimiento integral” dadas las particularidades terribles de la violencia que azotó y asoló el país. Vía demanda de interpretación de sentencia, acaso pueda lograrlo ahora.
Pero de ahí al predicamento anti DD.HH., encarnado en la Corte, hay un trecho enorme.
No le haría mal a más de uno revisar el Informe Final 1/95 de la CIDH del 7 de febrero de 1995 en el Caso 11.0006. Trata sobre las graves violaciones a los DD.HH. que padecieron Alan García y su familia a manos del fujimorismo.
El gobierno está cometiendo errores políticos gruesos en cuestiones que merecen más cabeza fría pero sobre todo mayor reflexión y análisis.
Está colaborando ingenuamente a elevar el volumen de un ruido político que parecía desterrado desde el pasado 28 de julio. Y en un año para el que hay estupendos pronósticos económicos.
Que el fujimorismo autoritario y la derecha huevera armen la alharaca de siempre con los argumentos falaces y febles de siempre, no sorprende.
Pero que dirigentes y líderes con experiencia política y millaje en la recuperación democrática comiencen a hacer suyo ese guión de las cavernas, provoca perplejidad.Una explicación probable para el discurso anti Corte Interamericana de DD.HH. y pro pena de muerte es que eso es lo que quiere la gente.
La idea viene resumida en la frase de lamento lanzada luego de que no prosperara el proyecto para legislar la aplicación de la pena capital para terroristas: “El Congreso le ha dado la espalda al pueblo”.
O sea que ahora las emociones y sentimientos colectivos se convierten en razones de Estado. No pues. Y claro, asoma la idea de someter a referéndum asunto tan grave aun cuando la Constitución no lo permite.
Pero admitamos por un momento lógica y ánimo tan plebiscitarios. Vayamos entonces también a un referéndum sobre el TLC con EE.UU. que sí provocaría impactos inmediatos sobre miles si no millones de peruanos. ¿Qué tal?
Y sobre lo ocurrido en el penal Castro Castro entre 6 y el 9 de mayo de 1992 ¿Eran o no eran seres humanos los terroristas ahí presos? Claro que sí. Aunque delincuentes, seres humanos a los que el Estado también debía garantizarles el derecho a la vida. Como a todos.
Según la Corte más de 40 presos fueron asesinados después de entregarse. Y esta es la cuestión medular que motiva su sentencia.
Por supuesto que contiene extremos cuestionables por el lado de las reparaciones.
La defensa del Estado en el gobierno anterior bien pudo haber solicitado a la Corte que no aplicara el concepto del “resarcimiento integral” dadas las particularidades terribles de la violencia que azotó y asoló el país. Vía demanda de interpretación de sentencia, acaso pueda lograrlo ahora.
Pero de ahí al predicamento anti DD.HH., encarnado en la Corte, hay un trecho enorme.
No le haría mal a más de uno revisar el Informe Final 1/95 de la CIDH del 7 de febrero de 1995 en el Caso 11.0006. Trata sobre las graves violaciones a los DD.HH. que padecieron Alan García y su familia a manos del fujimorismo.
