Memo noviembre 2007

Muestran los dientes: La parlamentaria Keiko Fujimori anunció que su bancada apoyaría una interpelación al jefe del gabinete por las supuestas contradicciones entre ministros respecto de la serie reciente de atentados narcoterroristas.
Un anuncio que equivalía a clavar la lanza de guerra en la tierra de los entendimientos entre oficialismo y seguidores de Alberto Kenya en el hemiciclo.
Voceros fujimoristas se apuraron en descartar la movida interpelatoria. Sin embargo, el mensaje fue enviado cuando está cada vez más cerca el inicio de los juicios al inquilino en la sombra del Fundo Barbadillo.
La insoportable buena relación entre los dos grupos parlamentarios puede haber comenzado a extinguirse.
Acciones urgentes: En pocas semanas la violencia por bandas de sicarios del narcotráfico ha ganado primeras planas. Primero en Apurímac, después en Huancavelica y por último en Pucallpa.
Todo un fenómeno de criminalidad organizada que requiere de acciones firmes y rápidas para una “colombianización” en distintas zonas vinculadas a la producción de coca para el narcotráfico. El asunto no pasa por publicar listas de sentenciados por terrorismo ni por lanzar denuncias ruidosas pero sin ninguna prueba sobre presuntos vínculos entre el humalismo y SL.
Lo que se necesitan son más y mejores recursos para las fuerzas del orden e inteligencia de calidad para enfrentar esta amenaza creciente.
Nuevo bajón: Según la última encuesta nacional de Datum, la aprobación a la gestión presidencial ha sufrido un bajón de 20 puntos de setiembre a octubre.
Es cierto que otros sondeos anteriores ya habían detectado esta tendencia pero mediciones recientes en Lima como que detectaban que el declive había comenzado a revertirse o, cuando menos, que se había detenido.
No parecer ser el caso, según esta última medición que ubica el respaldo en 28% y la desaprobación en 69%.
Diciembre aclarará cifras sobre la ruta que está siguiendo la relación ciudadanos-gobierno.
Peloteros de siempre: La goleada 5 a 1 sufrida por la selección peruana en Quito es algo así como el informe de necropsia del fútbol peruano que empezó a morirse, curiosamente, con igual marcador ante Polonia en el mundial de España en 1982.
En el cuarto de siglo que media entre las dos derrotas, nuestro fútbol sólo ha conocido de disminuciones y retrocesos.
Porque aquí ahora sólo se pelotea. Basta ver el torneo local y su alucinante nivel de potrero.
En más de un foro vía Internet, la mayoría de hinchas está de acuerdo con que se intervenga a la FPF –aún a costa ser desafiliados por la FIFA- y se bote a todos. De acuerdo y a empezar de cero.

Foto: El Chorri después del 5-1 en Quito.

¿Arbitraje para el abordaje?

¿En que anda el fujimontesinismo en estos días más allá de los juicios en camino a Alberto Kenya en el Fundo Barbadillo?
Anda, desde hace buen rato, tratando de recuperar algunos de los medios periodísticos, especialmente los televisivos, que compró a billetazo sucio en la salita del SIN que Montesinos convirtió, además, en estudio de grabación para inmortalizar la corrupción rampante de esos días.
Una de esas maniobras ha agarrado pista, desde de diciembre de 2006, en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) en donde los accionistas minoritarios de Canal 2 –Samuel y Mendel Winter- demandan, entre otras pretensiones menores, que se les reconozca como mayoritarios en virtud del “aumento” de capital que realizaron en 1999 cuando eran cómplices a tiempo completo del régimen de la corrupción.
Un acto nulo en virtud de la sentencia de la Corte Interamericana de DD.HH. cuya jurisprudencia en este caso fue plenamente convalidada por tribunales nacionales. Es decir, una cuestión que tiene carácter de cosa juzgada.
Tal aumento de capital lo hicieron con dinero (U$ 3.073 millones) provisto por su socio Montesinos como lo acreditan los recibos de diciembre de 1999 –firmados por ambos-; el acuerdo de colaboración eficaz que suscribieron y en el que reconocen el delito cometido (peculado) y la sentencia de marzo de 2004 que, además de prisión efectiva, les impuso una reparación de U$ 4 millones para devolver al Estado los montos mal habidos, algo con lo que hasta ahora no cumplen ni remotamente.
Pese a todo esto, se instaló un tribunal arbitral mientras, en paralelo, los demandantes despliegan, al parecer, todo tipo de movidas pro abordaje de Canal 2.
Según versiones que vienen zumbando como un tábano en más de una unidad de investigación, tal objetivo está provocando reuniones escondidas, coordinaciones y palanqueos de todo tipo entre operadores, abogados y ex militantes de la política activa, con quienes los minoritarios compartieron temporada en la sombra. O sea todo un concierto secreto de voluntades e intereses en pos de una porción del poder mediático perdido que, con Fujimori en Lima y el 2011 a la vista, despierta afanes insomnes por el tiempo pasado.
Los mismos comentarios advierten que el árbitro designado por los Winter –de quien se debe esperar máxima imparcialidad- no sólo estaría al tanto de estos conciliábulos a media luz.
De hecho, tiene millaje en lides televisivas pues ha sido –y acaso es todavía- apoderado de una de las empresas de Ernesto Schutz –Ruferni SA- enredada en el litigio por el control de Canal 5.

Foto: Mendel y Samuel Winter en pleno abordaje montesinista el día de la toma de Canal 2 el 19 de septiembre de 1997.

13-N: 15 años después

El próximo martes 13 se cumplirán 15 años del movimiento castrense que lideró el general Jaime Salinas Sedó para restaurar la democracia que una camarilla golpista –comandada por Fujimori, Montesinos y Hermoza Ríos- disolvió la noche del 5 de abril de 1992.
No sólo fue un acto amparado en la Constitución –el derecho a la insurgencia ante el quiebre del orden democrático- sino también un gesto repleto de valentía y coraje.
En rigor, el plan nunca llegó a ponerse en marcha. Hubo contratiempos y su ejecución fue suspendida, pero una delación le permitió al corrupto ex asesor desplegar tropas y mandar generales para capturar la madrugada del 13 de noviembre de 1992 a los comprometidos con la causa restauradora.
Mientras Salinas Sedó esquivaba los balazos que le lanzaba en frenética persecución el general Luis Pérez Documet –entonces jefe de la DIFE-, Alberto Fujimori corría como un conejo a refugiarse en la embajada del Japón.
Un adelanto de lo que, curiosamente, casi por la misma fecha pero ocho años después, haría el ahora preso del Fundo Barbadillo al emprender su fuga hacia Tokio.
Para los insurgentes vino la carcelería canalla: el cuartel Bolívar con ventanas tapiadas; Canto Grande junto a terroristas y presos comunes; finalmente, el Real Felipe.
En el camino, varios fueron sometidos a torturas físicas dirigidas por el propio Montesinos. Agresiones cobardes que fueron relatadas de puño y letra con lujo de detalles. Denuncias todas que fueron públicas gracias a los pocos medios que se atrevieron a enfrentarse a la dictadura mafiosa.
Pese a ello, no le tembló a Fujimori una ceja para mantenerlo a su lado, en la máxima intimidad del poder asaltado, y para defenderlo a capa y espada.
En los archivos de la época están los escritos y mensajes que Salinas Sedó redactó durante su cautiverio y en los que explicó las razones que los llevaron a planear el derrocamiento del régimen golpista y corrupto.
Están ahí ya advertidas las maniobras para someter a cálculos políticos a las FF.AA.; los chantajes y extorsiones; la maquinaria para sucesivos fraudes electorales –el primero habría sido en los comicios para el CCD de noviembre de 1992-; y la corrupción a gran escala.
Recordar ese 13 de noviembre debe ser ejercicio obligado de memoria para que no se repitan noche infames como la del 5 de abril.
Y en ese recuerdo, junto a Salinas Sedó, tienen que estar José Pastor Vives, Manuel y Víctor Obando, Luis Soriano Morgan, César Cáceres Haro, Salvador Carmona, Marko Zárate, Enrique Aguilar del Alcázar y Hugo Ormeño, entre varios más.

Después de Ocobamba

El repudiable ataque a la comisaría de Ocobamba escapa al patrón de choques de baja intensidad que han estado enfrentando, de tanto en tanto, a fuerzas del orden y bandas narcoterroristas en las zonas cocaleras del Huallaga y de los Valles del ríos Apurímac y Ene (Vrae), o en sus inmediaciones.
Esta vez, sin embargo, el criminal asalto al puesto policial ha contado con una planificación, equipamiento y dimensión que no se veían desde los peores momentos de la guerra antisubversiva.
Según las primeras versiones de testigos, el destacamento –al mando del teniente PNP Héctor Zegarra quien perdió la vida heroicamente- intentó repeler a un auténtico escuadrón de más de 50 forajidos, provistos de armas de largo alcance, radiotransmisores con los coordinaban un calculado cerco y cohetes Instalazza que terminaron destruyendo la sede policial. Hasta llamaron a los policías por sus nombres para que se rindan.
De momento se especula que este operativo del narcoterror buscaba recuperar poco más de 80 kg. de PBC que habían sido incautados en días pasados.
Todavía parece muy poca droga para un desplazamiento armado de tanta envergadura, incluso si el objetivo de estos delincuentes fue únicamente el de la represalia.
Alguna información –que deberá ser aclarada a través de las investigaciones- ha especulado con el dato de que en realidad se decomisó mucho más pero se declaró bastante menos.
Lo ocurrido en la apurimeña Ocobamba es un síntoma alarmante de las complejas relaciones que se vienen entretejiendo entre narcotráfico, remanentes senderistas y población cocalera.
A primera vista, son los traficantes de drogas quienes ahora mandan e imponen su lógica delictiva –gracias a los millones que obtienen de su ilícito negocio- en las zonas cocaleras, mientras que los resabios del terrorismo senderista duro (SL-Proseguir) juegan un papel de comparsa mercenaria en su afán desesperado de sobrevivir como seudo organización política.
No parece hasta ahora un senderismo capaz de sobrevivir más allá de esta condición de apéndice bandolero pero con capacidad de dotar al narcotráfico de algunos cuadros disciplinados y entrenados para incursiones como la realizada esta semana.
Más que un rebrote de SL, lo de Ocobamba asoma como el surgimiento de una escala mayor del tráfico de drogas que comienza a parecerse más y más al nacimiento de auténticos carteles nacionales del crimen organizado.
Sin acciones prontas y firmes, el narcoterrorismo seguirá creciendo y multiplicándose. Y para eso se requiere inteligencia, más recursos, una estrategia clara y decisión política.
Hay suficiente experiencia acumulada además para derrotar sin mayores contratiempos a esta amenaza. Estamos a tiempo todavía.