El fujimorismo facho

Una semana ha bastado para confirmar que el fujimorismo es políticamente un cero a la izquierda. Y a la derecha también.
En todo este primer tiempo post extradición, los seguidores y voceros más conspicuos de Alberto Fujimori han demostrado –como su jefe, por supuesto- la más absoluta incapacidad de respuesta y movimiento políticos frente a un hecho que estuvo desde hace rato en el abanico de posibilidades.
En perspectiva, todo su plan de vuelta al Perú vía Santiago ha sido un estrepitoso fracaso con lo que las mentadas habilidades de calculador estratega del ahora preso del fundo Barbadillo quedan disueltas.
Y si pensó que el país que lo refugió durante cinco años, lo seguiría apoyando en la aventura se equivocó de cabo a rabo. Japón no ha movido un ceja. Ni durante el proceso de extradición ni ahora que está tras las rejas.
La única reacción en toda esta bitácora de naufragio fue el plan de fuga a través de una candidatura al Senado japonés que también hizo agua.
En un escenario tan complicado pero probable desde hacía rato –tanto que hoy es una realidad-, el fujimorismo no ha tenido una sola manifestación que trace una estrategia y un posicionamiento políticos frente a la situación más grave en la biografía cuatrera de su líder.
El reflejo político del fujimorismo de estos días queda resumido en tres declaraciones que lo pintan de cuerpo entero: la de Martha Chávez bramando que el Ojo que Llora es un monumento basura al que hay terminar de destruir; la de Keiko Fujimori exclamando que el gobierno quiere enterrar vivo a su padre; y la de Kenyi rugiendo como un fascista intolerante que si tocan al Chino medirán fuerzas en las calles.
Con la ramplonería y macartismo de Chávez, la caradura y desmemoria de la hija mayor de Alberto Kenya y el violentismo facho del benjamín de los Fujimori, el hundimiento político de las chalanas creadas alrededor del socio mayor de Vladimiro Montesinos está asegurado.
Además de este surtidero a toda máquina de intolerancia y prepotencia –del que hizo gala durante 10 años en el poder-, el fujimorismo y su mandamás enrejado delatan una conchudez descomunal.
¿No dijo Fujimori en su mensaje grabado antes de ir a parar a la sombra que esta extradición era parte de su estrategia de retorno y que estaba calculada? Entonces qué tanto grito, alharaca, bellaquerías y amenazas. La democracia no se va a someter a un puñado de obcecados fachos sin brújula.

¡Fujimori extraditado!

Finalmente, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Chile dio a conocer su decisión de extraditar al expresidente Alberto Fujimori por siete de los 13 cuadernos de extradición tramitados por el Estado peruano.
Los magistrados chilenos, en un histórico fallo, decidieron que el ex socio de Vladimiro Montesinos comparezca ante la justicia peruana por los casos Barrios Altos y La Cantuta (por unanimidad) y por cinco imputaciones relativas a hechos de corrupción como el pago de los US$ 15 millones al ex asesor, allanamiento de la casa de éste, interceptación telefónica y congresistas tránsfugas, entre otros.
Esta decisión de la justicia chilena -última instancia inapelable en este proceso- entierra la impresentable sentencia previa del juez Orlando Álvarez quien desetimó todas y cada una de las solicitudes.
En ese sentido, los supremos han estado más cerca del informe de la fiscal Mónica Maldonado quien también halló suficientes argumentos e indicios para que su extradición procediese.
En otras palabras, lo de hoy en Chile marca una primera victoria en la lucha contra la impunidad respecto de una década en la que la corrupción a gran escala y la violación de los Derechos Humanos campearon a sus anchas con desfachatez y prepotencia.
Sin duda, los casos La Cantuta y Barrios Altos son los de mayor relevancia pues además de imprescriptibles conllevan la posibilidad de las mayores penas.
Alberto Fujimori tendrá ahora que encarar -con todas las grantías de un debido proceso- las investigaciones, requerimientos, interrogantes y confrontaciones que estbalezcan los jueces peruanos en cada uno de los casos por los que se le extradita.
El careo con varios de sus secuaces -como el propio Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, José Villanueva Ruesta, César Saucedo o Fernando Dianderas, entre otros- promete inquietudes mayúsculas en las filas del "dream team" de la corrupción de los 90.
Es la segunda vez -Augusto B. Leguía fue el primero- que un ex mandatario peruano tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados por una larga de serie de delitos imputados durante su gestión.
El fujimorismo ha aceptado, en estas primeras horas, la contundente resolución pro extradición pero ha empezado a construir -por boca del siempre burlesco Carlos Raffo- el insólito discurso por el cual la extradición decretada formaba parte de la estrategia de Alberto Kenya.
Algo así como el Plan B. Porque el Plan A era, dice Raffo, que se confirmara la vergonzosa absolución que urdió Orlando Álavarez semanas atrás y que dibujó una sonrisa felina en el rostro de los seguidores del peruano-japonés.
Para Raffo y otros fujimoristas de primera fila, esta extradición es positiva para sus intereses y cálculos políticos pues ha servido de filtro: ahora Fujimori ya no será procesado por 20 o más delitos sino por sólo seis o siete. O sea, casi una victoria. ¡De Ripley!
Corresponderá ahora a la justicia peruana demostrar la máxima calidad -imparcialidad, debido proceso, garantías constitucionles y respeto a sus derechos humanos, es decir, todo lo que Fujimori pisoteó y devastó durante casi10 años desde el poder- con quien será de hecho la próxima estrella en los tribunales anticorrupción durante los meses siguientes.
Sin ninguna duda, este es el regreso al Perú con el que nunca soñó Fujimori. Porque regresar así es una pesadilla que recién empieza. Para él y sus seguidores. La hora más negra para Fujimori, sin duda.

El País de Nunca Majaz

Como nunca antes en la historia reciente de los conflictos sociales, el caso del proyecto Río Blanco en el Alto Piura simboliza la cumbre de los desencuentros entre los distintos actores involucrados: la minera Majaz (Monterrico Metals, hoy en manos de capitales chinos), el gobierno central, tres municipios (Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera) y las comunidades campesinas de la zona.
El caso viene navegando a través de una larga bitácora de conflicto cuya escala más turbulenta –en predios políticos y mediáticos- es la llamada “consulta vecinal” convocada por los tres distritos altopiuranos para mañana domingo 16.
Se trata, sin lugar a dudas, de una movida desafiante pues viene siendo organizada al margen del sistema electoral –no ha sido convocada por el JNE, no hay padrones oficiales de Reniec y menos logística de la Onpe- y no existe ninguna norma que ampare su legalidad por lo que, consecuentemente, de ella no surgirá ninguna consecuencia jurídica.
Ni la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadanos ni la Ley Orgánica de Municipalidades contemplan, en rigor, un acto de estas características, es decir, uno que se salta a la garrocha, volando por los aires cual Peter Pan en el País de Nunca Jamás, todas los requerimientos y exigencias establecidos por las normas vigentes y la Constitución.
Si querían llevar a un cabo un referéndum, las leyes establecen claramente cuáles son los requisitos y condiciones que deben ser cumplidos.
Quienes están promoviendo esta jornada seudo electoral –líderes locales, operadores ambientalistas y opositores fantasiosos- deberán asumir los eventuales costos que puedan provocar las frustraciones generadas por las falsas expectativas generadas por los resultados de mañana que, en realidad, no pasarán de ser una simple encuesta. Y nada más.
Consentir consultas de esta naturaleza –es decir, de fantasía- es abrirle la puerta en el país al caos al por mayor.
Porque lo de mañana en las alturas piuranas no es para abrir espacios diálogos con la minera Majaz. Es simplemente para pretender zanjar su salida de la zona de un sopapo y no necesariamente por todos los que tiene ver con el caso.
Por ejemplo, las provincias cajamarquinas de San Ignacio y Jaén, que podrían verse afectadas por la explotación minera, no están siendo consultadas mañana.
Por cierto, existen varias observaciones válidas sobre los impactos medio ambientales, sociales y económicos que la actividad de la minera Majaz podría desencadenar. Y, claro, hay que atenderlas, estudiarlas y evitarlas severamente de ser el caso.
Para eso se necesitaba más diálogo, información y negociación. De todos los lados. Y menos País de Nunca Majaz.

AFF: hora negra o mano negra

La semana por venir estará marcada, sin lugar a dudas, por el fallo en última instancia de la Segunda Sala de la Corte Suprema de Chile sobre la procedencia o no de la extradición de Alberto Fujimori.
La decisión jurídica final debe estar tomada pues se esperaba conocerla en días pasados. Según la prensa chilena, La Moneda habría solicitado a los cinco magistrados supremos posponer la difusión de su decisión hasta este lunes para evitar que la noticia coincida con el reciente viaje de la presidenta Michelle Bachelet a Japón.
Aunque voceros del gobierno sureño –como era natural y esperable- han negado la movida, la versión periodística no deja de ser verosímil.
Otra variante de lo mismo es que los vocales, por iniciativa propia, hayan decidido desenganchar su sentencia de la visita presidencial chilena a Tokio para evitar mayores suspicacias y sospechas sobre la idea de una mano negra operando a favor de la impunidad para el socio mayor de Vladimiro Montesinos.
Si cierta una u otra, no es difícil imaginar por dónde puede discurrir la opinión final de este quinteto judicial.
La conjetura tiene, además, como precedente la desfachatada y lamentable resolución del juez Orlando Álvarez –un auténtico antimanual de jurisprudencia- que desechó todas y cada una de las razones alegadas fundadamente por el Estado peruano para procesar a Fujimori.
De hoy al lunes, sin embargo, todos los escenarios están en rigor todavía abiertos.
Uno primero es que la justicia chilena dictamine que Alberto Kenya debe ser extraditado por su presunta responsabilidad en violaciones de DD.HH. y otros delitos graves. Es decir, una resolución coincidente en varios extremos con el informe de la fiscal Mónica Maldonado. El mejor escenario en la lucha contra la impunidad.
El segundo puede resultar de un fallo que considere procedente la extradición pero tan sólo por imputaciones delictivas menores. Que es el pasaje de retorno de Fujimori al Perú pero casi blindado judicialmente. La peor de las situaciones, sin duda.
El tercero, obviamente, es que se rechace la extradición de cabo a rabo. O sea Álvarez II.
Un campo intermedio pues escapa de momento de la justicia pero los procesos en su contra siguen abiertos, especialmente los referidos a crímenes de lesa humanidad donde no rige la prescripción.
La idea de un juicio en Chile parece más que remota. Si el país del sur decide no expulsarlo, Fujimori tendrá sólo dos islas en el mundo para pasear su impunidad: Japón y Chile.
Después del lunes habrá que volverle a preguntar a Omar Chehade quién es –o quiénes son- la mano negra.
(Sobre el tema, vale la pena el reciente análisis del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica que desbarata, una a una, las tropelías seudo jurídicas del juez Álvarez.)

Memo agosto 2007

Agosto sísmico: A la vuelta del mes, los impactos del devastador terremoto en el Sur Chico ingresan en la agenda de largo plazo del gobierno. Acaso ha pasado lo peor pero no lo más difícil: la reconstrucción, especialmente en Pisco y zonas aledañas. Con cerca de 40,000 familias damnificadas y viviendas, servicios e infraestructura colapsados, el reto es enorme y complejo a la vez. Y recién empieza.
En perspectiva, una tarea para los próximos dos años cuando menos. Mientras tanto, hay una población inmensa con demandas diarias urgentes que atender.
De hecho será uno de los escenarios más sensibles para las estadísticas mensuales de aprobación/desaprobación de la gestión gubernamental de ahora en adelante.
El Fondo para la Reconstrucción del Sur (Forsur) va a estar en el centro del escrutinio público por buen tiempo y de seguro también será materia prima para hacer oposición desde varios frentes a la vez, algo que ya asoma.
Una primera encuesta post sismo (CPI, Lima y Callao, 25-27 de agosto) aprueba con creces el desempeño presidencial durante la emergencia: de 40.3% a principios del mes pasa a casi 52%.
Delimitación marítima: Otro asunto en al agenda del largo plazo. No sólo de este gobierno sino también de los siguientes. La decisión peruana de acudir, finalmente, a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para resolver las diferencias sobre delimitación marítima con Chile, no afectará en lo inmediato la fluida relación bilateral, pero va a ser una espina en el costado de la misma.
Santiago se empeña en martillar que no existe ningún tema demarcatorio pendiente lo que equivale a decir que el tribunal internacional no tiene competencia en esta materia.
Desde la justa pretensión peruana este es el primer gran escollo a superar. Algo que puede demorar de dos a tres años o sea toda una prueba de fuego para la actual administración.
Patrulleros II: De no haber sido por el desastre telúrico, el nuevo naufragio para adquirir patrulleros para la PNP habría dominado la escena mediática del mes.
Hasta ahora no hay ninguna explicación convincente sobre qué paso a última hora con la subasta inversa que ganaron los importadores de vehículos “made in China”.
En un tema tan urgente como la seguridad ciudadana, el Estado no puede ser tan ineficaz, más aún cuando hay recursos a la mano.
El episodio le abre las puertas a todas las suspicacias y desconfianzas. Resulta inaceptable que en nueve meses no se haya podido llevar a cabo un concurso público en serio para un tema relativamente sencillo.

(Foto: Iván García Mayer)