El País de Nunca Majaz

Como nunca antes en la historia reciente de los conflictos sociales, el caso del proyecto Río Blanco en el Alto Piura simboliza la cumbre de los desencuentros entre los distintos actores involucrados: la minera Majaz (Monterrico Metals, hoy en manos de capitales chinos), el gobierno central, tres municipios (Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera) y las comunidades campesinas de la zona.
El caso viene navegando a través de una larga bitácora de conflicto cuya escala más turbulenta –en predios políticos y mediáticos- es la llamada “consulta vecinal” convocada por los tres distritos altopiuranos para mañana domingo 16.
Se trata, sin lugar a dudas, de una movida desafiante pues viene siendo organizada al margen del sistema electoral –no ha sido convocada por el JNE, no hay padrones oficiales de Reniec y menos logística de la Onpe- y no existe ninguna norma que ampare su legalidad por lo que, consecuentemente, de ella no surgirá ninguna consecuencia jurídica.
Ni la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadanos ni la Ley Orgánica de Municipalidades contemplan, en rigor, un acto de estas características, es decir, uno que se salta a la garrocha, volando por los aires cual Peter Pan en el País de Nunca Jamás, todas los requerimientos y exigencias establecidos por las normas vigentes y la Constitución.
Si querían llevar a un cabo un referéndum, las leyes establecen claramente cuáles son los requisitos y condiciones que deben ser cumplidos.
Quienes están promoviendo esta jornada seudo electoral –líderes locales, operadores ambientalistas y opositores fantasiosos- deberán asumir los eventuales costos que puedan provocar las frustraciones generadas por las falsas expectativas generadas por los resultados de mañana que, en realidad, no pasarán de ser una simple encuesta. Y nada más.
Consentir consultas de esta naturaleza –es decir, de fantasía- es abrirle la puerta en el país al caos al por mayor.
Porque lo de mañana en las alturas piuranas no es para abrir espacios diálogos con la minera Majaz. Es simplemente para pretender zanjar su salida de la zona de un sopapo y no necesariamente por todos los que tiene ver con el caso.
Por ejemplo, las provincias cajamarquinas de San Ignacio y Jaén, que podrían verse afectadas por la explotación minera, no están siendo consultadas mañana.
Por cierto, existen varias observaciones válidas sobre los impactos medio ambientales, sociales y económicos que la actividad de la minera Majaz podría desencadenar. Y, claro, hay que atenderlas, estudiarlas y evitarlas severamente de ser el caso.
Para eso se necesitaba más diálogo, información y negociación. De todos los lados. Y menos País de Nunca Majaz.