Protestas y encuestas
El paro de 48 horas de la CGTP, la hasta ahora indefinida huelga del Sutep y las más recientes encuestas (Universidades de Lima y Católica) han coincidido esta semana en proyectar la sensación de que el gobierno encara su primera crisis política en serio al filo del primer año de gestión.
Las imágenes –y también las cifras- de estos días dan, en efecto, para pensar en esa dirección pero no necesariamente son fiel reflejo de la real dimensión y dinámica política de los múltiples y graves problemas sociales que habitan al país desde décadas atrás y no sólo desde hace un año.
Cualquier extraño al escenario nacional podría inferir a partir de las últimas protestas en las calles y las estadísticas de opinión pública que el gobierno ha ingresado inesperadamente en un disparadero complicado cuya solución política es de pronóstico reservado.
Es cierto que las paralizaciones y movilizaciones en Lima y el interior han dejando sentir su impacto.
Pero pensar que los movilizados tras la toma de carreteras y locales públicos o que los reunidos en un mitin en la Plaza San Martín representan a mayorías nacionales encausadas en esa órbita radical, o es ingenuidad o es predicamento militando en la lógica antidemocrática del derrocamiento del actual régimen.
Todas las izquierdas detrás de estas jornadas –muchas de ellas cargadas de deplorable violencia- han tenido cero protagonismo electoral desde 1990. ¿Han logrado en un año lo que no han podido en 17?
Y Ollanta Humala, aupado a las protestas en busca del espacio perdido, dilapidó en poco tiempo mucho de su caudal y lo ha seguido dilapidando. No lo ha recuperado, sin duda, en los últimos meses. Acercarse tan abiertamente al zurdismo radical e ideológico puede ser otro de sus yerros mayúsculos.
Más allá de contrastes, lo cierto es que en poco tiempo la impaciencia y el descontento populares se han acelerado.
La Universidad de Lima ubica la aprobación presidencial en la capital en 41.3%; la desaprobación casi en 50%. De marzo a julio la caída es de poco más de 20 puntos.
La cifras del sondeo de la PUCP van por ahí para Lima: 45% aprueba; 48% desaprueba. A escala nacional, sin embargo, el asunto se torna dramático: 35% vs. 59%.
El bajón viene dado, según esta medición, por el interior. De norte a sur y de centro a oriente, la desaprobación está entre 71% y 84%, números no necesariamente representados en las calles de estos días. Por lo menos, hasta ahora.
El paro de 48 horas de la CGTP, la hasta ahora indefinida huelga del Sutep y las más recientes encuestas (Universidades de Lima y Católica) han coincidido esta semana en proyectar la sensación de que el gobierno encara su primera crisis política en serio al filo del primer año de gestión.
Las imágenes –y también las cifras- de estos días dan, en efecto, para pensar en esa dirección pero no necesariamente son fiel reflejo de la real dimensión y dinámica política de los múltiples y graves problemas sociales que habitan al país desde décadas atrás y no sólo desde hace un año.
Cualquier extraño al escenario nacional podría inferir a partir de las últimas protestas en las calles y las estadísticas de opinión pública que el gobierno ha ingresado inesperadamente en un disparadero complicado cuya solución política es de pronóstico reservado.
Es cierto que las paralizaciones y movilizaciones en Lima y el interior han dejando sentir su impacto.
Pero pensar que los movilizados tras la toma de carreteras y locales públicos o que los reunidos en un mitin en la Plaza San Martín representan a mayorías nacionales encausadas en esa órbita radical, o es ingenuidad o es predicamento militando en la lógica antidemocrática del derrocamiento del actual régimen.
Todas las izquierdas detrás de estas jornadas –muchas de ellas cargadas de deplorable violencia- han tenido cero protagonismo electoral desde 1990. ¿Han logrado en un año lo que no han podido en 17?
Y Ollanta Humala, aupado a las protestas en busca del espacio perdido, dilapidó en poco tiempo mucho de su caudal y lo ha seguido dilapidando. No lo ha recuperado, sin duda, en los últimos meses. Acercarse tan abiertamente al zurdismo radical e ideológico puede ser otro de sus yerros mayúsculos.
Más allá de contrastes, lo cierto es que en poco tiempo la impaciencia y el descontento populares se han acelerado.
La Universidad de Lima ubica la aprobación presidencial en la capital en 41.3%; la desaprobación casi en 50%. De marzo a julio la caída es de poco más de 20 puntos.
La cifras del sondeo de la PUCP van por ahí para Lima: 45% aprueba; 48% desaprueba. A escala nacional, sin embargo, el asunto se torna dramático: 35% vs. 59%.
El bajón viene dado, según esta medición, por el interior. De norte a sur y de centro a oriente, la desaprobación está entre 71% y 84%, números no necesariamente representados en las calles de estos días. Por lo menos, hasta ahora.
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